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8.2 El derecho a la salud y a las decisiones libres, responsables e informadas

Si bien es verdad que hoy en día se han tenido grandes avances en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, también es una realidad que no todas las personas tienen tener el mismo acceso y disfrutan su garantía.

De manera particular, es importante que repliques esta información y llegues a sectores en donde no siempre se cuenta con estos derechos, así como tengas una visión clara y entiendas la diversidad de contextos, transmitir la importancia de los derechos humanos y favorecer que las personas sepan que son acreedoras de derechos sexuales y reproductivos (DSDR), ya que de esta manera construimos realidades diferentes, aún en los sectores de la población que han sido y son más vulnerados.

En este subtema conocerás un marco para promover decisiones responsables y garantes de los derechos de las adolescencias.

Analizaremos cómo una gran cantidad de abortos ocurren en condiciones de ilegalidad, lo cual representa un grave problema de salud pública, que pone en riesgo la salud de las mujeres y, a la vez, es un marcador de desigualdad de género.

De igual forma, es importante ampliar la mirada, para incluir otras opciones para la maternidad y la paternidad elegida; por ejemplo, la adopción, lo cual implica reconocer que las personas tenemos la capacidad de formar una familia y compartir nuestro amor, más allá de los genes.

Como lo revisamos en el subtema previo, el embarazo adolescente representa un desafío social y de género que impacta negativamente la educación, la economía y la salud, especialmente de las adolescentes. Este fenómeno influye de manera decisiva en el proyecto de vida de niñas y adolescentes, por lo que reducirlo es una prioridad para muchos países. Disminuir el embarazo infantil y el matrimonio temprano son objetivos estratégicos fundamentales para promover el bienestar y la igualdad.

Para lograrlo, existen diversas normativas y acuerdos internacionales que establecen marcos jurídicos y políticas públicas orientadas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, así como el acceso a servicios y educación de calidad para infancias y adolescencias.

Derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos

Los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para que todas las personas puedan decidir libre y responsablemente sobre su vida sexual, sin violencia ni discriminación, y con acceso a información y servicios adecuados. Esto implica el derecho a la educación sexual integral, a la salud reproductiva, a decidir si y cuándo ser madres o padres, y a vivir una sexualidad libre y placentera (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017).

En América Latina y el Caribe, estos derechos están reconocidos como prioritarios para avanzar en igualdad de género y desarrollo social, aunque aún enfrentan obstáculos relacionados con normas culturales, prejuicios y limitaciones legales que afectan especialmente a adolescentes y grupos en situación de vulnerabilidad.

Legislación y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe

Dos instrumentos han sido fundamentales para promover, defender e institucionalizar en los países de América Latina una visión amplia de los derechos sexuales y reproductivos:

El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: Adoptado en 2013, el Consenso de Montevideo es un acuerdo regional que reafirma el compromiso de los Estados para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.

Entre sus principales puntos destaca la obligación de asegurar:

  • Acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
  • Educación sexual integral desde la infancia, con un enfoque inclusivo y respetuoso.
  • Eliminación de barreras legales, sociales y culturales que impiden el ejercicio pleno de estos derechos.
  • Respeto a la autonomía y decisiones informadas de niñas, niños y adolescentes, con una perspectiva de género, etnia, edad e interculturalidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2013; IPAS, 2015).

Este consenso es una herramienta clave para que los gobiernos diseñen políticas y programas que contribuyan a la prevención del embarazo adolescente, aunque su aplicación en la región todavía es desigual y enfrenta retos importantes.

Convención sobre los Derechos del Niño: Adoptada por las Naciones Unidas en 1989, reconoce en su artículo 24 el derecho de niñas, niños y adolescentes a disfrutar del más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Esta convención insta a los Estados a garantizar el acceso a servicios adecuados y a proteger a la infancia de abusos y discriminación (Naciones Unidas, 1989).

No obstante, en varios países latinoamericanos las políticas públicas no reflejan completamente estas disposiciones, lo que limita la protección efectiva de los derechos sexuales y reproductivos en la población adolescente.

La legislación en la región es muy diversa y desigual respecto a la interrupción del embarazo y la atención a víctimas de violencia sexual. Mientras algunos países han avanzado hacia la despenalización del aborto en casos de violación, otros mantienen leyes restrictivas que obligan a niñas y adolescentes a llevar adelante embarazos no deseados.

Por ejemplo, en México, la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 reconoce el derecho de las adolescentes mayores de 12 años a acceder a la interrupción legal del embarazo sin necesidad de consentimiento parental en casos de violación. Sin embargo, la aplicación efectiva de esta ley enfrenta obstáculos importantes, como la falta de recursos, la resistencia cultural y la debilidad institucional, que limitan la protección real de los derechos de las menores (Reproductive Rights, 2024).

El Papel del Sistema de Salud en la Atención a Víctimas

El sistema de salud tiene una responsabilidad crucial para garantizar atención accesible, confidencial y respetuosa a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Esta atención debe ser integral, combinando servicios médicos, psicológicos y legales para acompañar y apoyar a las víctimas de manera efectiva.

Además, es fundamental la capacitación continua del personal de salud para sensibilizarlos en torno a las necesidades específicas de las víctimas, evitando la revictimización y promoviendo un trato digno y profesional (UNFPA, 2021).

ILE sí, ILE no... ¿de quién es la decisión?

Más allá de las posiciones a favor o en contra del aborto, es indispensable comprender el fenómeno desde una perspectiva amplia, que considere tanto los aspectos biológicos como sociales y legales.

El aborto no siempre es provocado intencionalmente. Nuestro organismo puede detectar dificultades para que el embarazo o el desarrollo del producto gestacional continúe, generando abortos espontáneos que muchas veces pasan inadvertidos. Estos embarazos pueden o no haber sido planeados y la madre puede vivir diversas emociones según el contexto. Aunque no debería representar un impacto mayor que los efectos en la salud, en algunos lugares mujeres son encarceladas injustamente bajo sospecha de abortos inducidos (Flores, 2015).

Los abortos inducidos han existido históricamente y su aceptación depende de múltiples factores sociales, culturales, económicos y políticos, así como de creencias religiosas y tradiciones (Flores, 2015).

Dado que el aborto no está regulado en muchos países latinoamericanos, la incidencia real es difícil de conocer. La OMS estima que se realizan alrededor de 3.9 millones de abortos inseguros en la región, con un 18% en menores de 20 años (FLASOG, 2010; UNFPA, 2013a).

Esta falta de legislación en derechos sexuales y reproductivos afecta más a niñas y adolescentes, quienes enfrentan abortos tardíos, inseguros, con detección lenta del embarazo y sin recursos para métodos seguros o servicios calificados, lo que incrementa la mortalidad materna y las complicaciones como hemorragias, septicemia, lesiones internas, tétanos y posible infertilidad futura.

Aborto en condiciones de riesgo: Una expresión de desigualdad social

El aborto inseguro es un indicador claro de desigualdad social. El 98% de estos procedimientos en condiciones de riesgo ocurren en países en vías de desarrollo (UNFPA, 2013a), donde la ilegalidad y el acceso difícil agravan la situación.

La OMS define el aborto inseguro como «un procedimiento para terminar un embarazo no deseado realizado por personas sin la capacidad necesaria o en un entorno que carece de estándares médicos mínimos, o ambos» (OMS, 2012c).

Esta problemática debe ser abordada como un problema de salud pública con programas preventivos y de atención oportuna para reducir riesgos a la salud y salvar vidas.

El Consenso de Montevideo es un referente internacional que enfatiza la necesidad de proteger el acceso a servicios de aborto seguro desde un enfoque de derechos humanos y salud pública. Allí, los Estados se comprometen a modificar leyes restrictivas y garantizar servicios seguros en casos legales (IPAS, 2015; Cuevas, González & Yoval, 2014).

Diversidad de realidades y contextos en el embarazo temprano y adolescente

No todos los embarazos ni sus circunstancias son iguales:

Una mujer adulta que ha planeado su embarazo y lo desea, vive una realidad distinta a la de una mujer que, en una zona rural, tiene varios hijos, no puede usar anticonceptivos por violencia de pareja.

Una adolescente que tiene miedo de expresar que no desea relaciones sexuales y queda embarazada, enfrenta un futuro incierto sin apoyo de su pareja y con la posibilidad de abandonar sus estudios.

Una niña víctima de violación recurrente, sin comprensión de los cambios en su cuerpo, puede quedar embarazada sin recursos para protegerse.

Cada una vive emociones, desafíos y opciones distintas. Por ello, es crucial que todas cuenten con información, recursos y acompañamiento para tomar decisiones informadas sobre su salud y proyecto de vida, logrando que los embarazos continúen cuando sean deseados y se den en condiciones para poder disfrutarlos.

Efectos de la legalización de la interrupción del embarazo

Donde el aborto ha sido legalizado como política de salud pública se han registrado beneficios:

  • Disminución de clínicas clandestinas y reducción de riesgos para las pacientes.
  • Personal de salud calificado que puede practicar abortos en condiciones seguras, sin temor a persecución legal.
  • Notable reducción de muertes maternas por abortos mal realizados; el 91% de abortos legales ocurre antes de las 12 semanas, y el 63% en las primeras 8 (Pichler & Cohen, 2012).
  • Parejas con embarazos con trastornos genéticos severos tienen opciones informadas.
  • Maternidades más deseadas y plenas.
  • Niñas y niños con menor riesgo de vivir en pobreza, violencia o hogares monoparentales, y con menos mortalidad infantil (Gruber et al., 1999).
  • Acceso mayoritario a servicios integrales de salud reproductiva y acompañamiento emocional.

Contrario a creencias comunes, la interrupción legal del embarazo no genera necesariamente problemas psicológicos; muchas mujeres experimentan alivio y resolución. Las emociones dependen del contexto, valores y apoyo recibido (Ramos, 2016).

En contextos de ilegalidad, las mujeres sufren con mayor frecuencia ansiedad, tristeza, dudas, culpa y aislamiento, agravadas por la falta de información y apoyo familiar y profesional.

ILE y justicia social

La regulación del aborto, mediante legalización o despenalización, requiere ampliar la mirada hacia un problema de salud pública que afecta especialmente a los sectores más vulnerables. La práctica segura y regulada contribuye a la salud física y emocional de las personas gestantes, dándoles autonomía para decidir conforme a sus circunstancias, promoviendo maternidades deseadas y dignas, para todas las personas, no sólo para quienes lo puedan pagar.

La adopción como opción para la maternidad y paternidad deseadas

Existen múltiples formas de ejercer la maternidad y paternidad más allá del vínculo biológico. La adopción es una alternativa valiosa, aunque poco difundida.

Muchas parejas buscan concebir por métodos asistidos para preservar sus genes, pero la maternidad y paternidad son mucho más que genética: se construyen a partir de vínculos afectivos, convivencia, experiencias compartidas, y emociones.

Es común que niñas y niños hayan sido criados por familiares o personas fuera del círculo biológico, dando lugar a historias exitosas de familias amorosas y saludables. Aunque la genética influye en nuestra identidad, las experiencias, contextos y relaciones son decisivas para nuestro desarrollo. Para el desarrollo de las infancias, crecer en un ambiente de amor, confianza y responsabilidad es más importante que compartir lazos genéticos.

Muchas parejas adoptan porque desean formar una familia y no han logrado embarazos por razones médicas, genéticas o físicas. También hay quienes eligen la adopción con la intención explícita de brindar hogar a quienes lo necesitan.

Ejercer una parentalidad adoptiva positiva no depende sólo del deseo, recursos económicos, orientación sexual o estado civil, sino de la salud emocional, estabilidad, red social y la voluntad genuina de compartir la vida y el amor.

En algunos países, la adopción es opción para mujeres que no desean abortar, pero tampoco están listas para ser madres, permitiéndoles continuar con su proyecto de vida y garantizando que su hija/hijo crezca en un ambiente mejor. A su vez, da oportunidad a parejas de formar familias deseadas.

Servicios amigables para la salud sexual

Los servicios amigables son espacios especialmente diseñados para atender las necesidades en salud sexual y reproductiva de infancias y adolescencias de manera accesible, confidencial y respetuosa. Su objetivo principal es garantizar que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en condiciones de seguridad, sin discriminación y con información veraz (UNFPA, 2021).

Características y Funcionamiento de los Servicios Amigables

En países como México, estos servicios forman parte integral de la red de salud pública y se encuentran distribuidos en múltiples unidades especializadas. En México, por ejemplo, hay actualmente 2,777 servicios amigables disponibles para adolescentes entre 10 y 19 años, abiertos a todas las personas sin importar género, identidad, orientación sexual, origen étnico o condición de salud (Gobierno de México, 2021).

Estas unidades se caracterizan por:

Accesibilidad: Son de libre acceso, sin costos para la población adolescente.

Confidencialidad: Se aplican estrictas políticas para proteger la privacidad de quienes acuden, garantizando que la información personal no será divulgada a terceros ni familiares, a menos que la persona lo autorice.

Respeto a los derechos: La atención se brinda sin necesidad de que madres, padres o tutores estén presentes, respetando el derecho a la intimidad y la autonomía de las adolescencias.

Atención integral: Ofrecen orientación, consejería, atención médica y psicológica, así como métodos anticonceptivos, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y apoyo en temas como la interrupción legal del embarazo.

El personal que trabaja en estos servicios está altamente capacitado y sensibilizado para la atención a jóvenes. Está integrado por profesionales de la medicina, trabajo social, enfermería, psicología y promoción de la salud —quienes son también jóvenes a cargo de llevar educación sexual a sus pares—, todos comprometidos con brindar un trato respetuoso y libre de prejuicios. Su labor incluye disipar dudas, romper mitos y estereotipos en torno a la sexualidad, fomentando una vivencia sana y responsable (UNFPA, 2021).

Barreras y Desafíos para el Acceso

A pesar de estos avances, existen desafíos significativos para que todas las adolescencias accedan a estos servicios, especialmente en áreas rurales, indígenas y comunidades marginadas:

Estigma social: El temor a ser juzgadas o rechazadas limita la voluntad de muchas jóvenes para acudir a los servicios.

Falta de información: Muchas adolescentes desconocen la existencia de estos servicios o los derechos que tienen.

Distancia geográfica: En zonas alejadas, la carencia de unidades o dificultad para llegar impide el acceso efectivo.

Restricciones legales y culturales: En algunos lugares, barreras legales o normas sociales impiden o limitan la prestación adecuada de servicios (UNFPA, 2021; Gobierno de México, 2021).

Estas barreras se agravan en contextos de pobreza, exclusión y violencia, que aumentan la vulnerabilidad de las adolescentes, limitando sus opciones para ejercer derechos sexuales y reproductivos.

Iniciativas y Avances Regionales

En América Latina y el Caribe, varios países han implementado modelos exitosos de servicios amigables para adolescentes, inspirados en estándares internacionales de derechos humanos y salud pública.

Movimientos sociales como «Niñas, No Madres» han sido fundamentales para visibilizar la problemática del embarazo infantil y la violencia sexual, impulsando reformas legislativas y políticas públicas que buscan garantizar protección y acceso a servicios.

Organizaciones internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han promovido políticas con enfoque en equidad e inclusión, que aseguran el derecho universal a servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes (UNFPA, 2021; OPS, 2021).

Conclusión

El embarazo adolescente y temprano es una problemática compleja que demanda un enfoque integral que aborde sus múltiples causas, incluyendo la violencia sexual y las desigualdades sociales.

Garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva amigables es un derecho fundamental para niñas, niños y adolescentes. Estos servicios deben ser accesibles, confidenciales, respetuosos y adaptados a las necesidades específicas de esta población.

Es indispensable fortalecer las políticas públicas, la capacitación del personal y la infraestructura para superar las barreras existentes, así como impulsar leyes que protejan a las adolescentes frente a la violencia sexual y les permitan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.

Solo así podremos contribuir a que las y los adolescentes vivan su sexualidad de manera informada, libre, segura y saludable, mejorando su calidad de vida y oportunidades futuras.

Reflexiones finales

peramos que este contenido te haya permitido adquirir nuevas perspectivas y reconocer la diversidad de contextos en torno a la sexualidad. Es posible que algunas ideas aquí planteadas sean distintas a las creencias con las que creciste o a lo que has escuchado antes. Precisamente, el propósito es ampliar tu panorama y brindarte más herramientas para tomar decisiones informadas o acompañar a otras personas en sus propias decisiones.

Recuerda que es válido elegir lo que mejor se ajuste a tu historia, tus valores, tu red de apoyo y tus deseos. Al mismo tiempo, es fundamental respetar las posturas y decisiones de los demás, siempre que no dañen ni vulneren derechos.

Existen normas y acuerdos internacionales que buscan proteger los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, como parte de la mejora en su calidad de vida. Todas las mujeres tienen derecho a cuidar su salud y a decidir libremente si desean o no ejercer la maternidad, así como a elegir el momento adecuado para hacerlo.

Finalmente, es importante reconocer que los abortos en condiciones de riesgo representan un problema de salud pública que debe atenderse.

Te invitamos a anotar tus reflexiones y observaciones.

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